Desde el sector criticaron la medida que prohíbe al trabajador cambiar de prestador durante el primer año del vínculo laboral. De seis millones de afiliados de la salud privada, 4,5 millones derivan aportes.
Alberto Fernández prohibió por decreto, este miércoles, la libre elección de obra social por el término de un año desde que se inicia el vínculo laboral bajo relación de dependencia. La decisión del Presidente hizo lugar a un pedido de los sindicatos, que le habían manifestado su preocupación por las dificultades económicas para sostener el sistema de salud en el contacto actual de pandemia.
Para las empresas de medicina prepaga se trata, en cambio, de un golpe más al sistema que ya se encuentra contra las cuerdas por el congelamiento de las cuotas que cobran a sus afiliados. En la Argentina, la salud privada cuenta con unos 6 millones de afiliados, de los cuales 4,5 millones derivan sus aportes desde las obras sociales.
Así lo hicieron saber distintos referentes del sector consultados por TN.com.ar, que evaluaron que se trata de una “medida mal tomada”, que busca evitar la fuga de afiliados de las obras sociales sindicales hacia el sistema privado de salud que, paradójicamente, aparece como una buena opción por los escasos incrementos que el Gobierno les autorizó en el último año y medio.
Al impedir el aumento de las cuotas de la medicina privada, no pocos trabajadores decidieron traspasarse hacia una obra social que deriva aportes a alguna prepaga, generando un problema de financiamiento en las obras sociales de los principales sindicatos.
Para frenar ese éxodo, el Gobierno prohibió la libre elección de obra social durante el primer año de un nuevo vínculo laboral. Así los sindicatos se aseguran, por ese plazo, los aportes de los trabajadores. Pero también se aseguran que quienes cambien de empleo pierdan el servicio de salud que tengan contratado, por ejemplo.
“Es un problema que afecta a la gente y que le pone un condimento más a la problemática que hay con el sistema privado de salud”, en un marco en el que “las prepagas tienen un problema serio de supervivencia”, señaló Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de la Salud (UAS) y titular de Swiss Medical Group, en diálogo con TN.com.ar.
De acuerdo con su evaluación, “congelaron el precio de tal forma que cada vez a la gente le es más barato salir de su gremio a la prepaga”, y ante esta situación se adoptó este “emparche que complica a la gente”, porque “el problema sigue estando”
“El problema sindical podría discutirse y no nos negamos a hacerlo, pero tampoco este DNU va a ser una solución para ellos. Es una medida mal tomada”, aseveró Belocopitt. Además, cuestionó que “no se sabe si dentro de 11 meses lo cambian por otro año más, como el impuesto al cheque fue por un año y se quedó de manera permanente”.
El presidente de la UAS ya se había manifestado con dureza respecto de la política del Gobierno en materia de medicina privada. A mediados de junio salió al cruce del proyecto del Instituto Patria de estatizar el sistema de salud, impulsado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, y reclamó al Gobierno que si quiere avanzar en ese camino “lo plantee a la sociedad en forma franca y transparente” y escuche la respuestas de la gente.
Advertencia y preocupación
Hugo Magonza, director general del CEMIC, tiene una mirada similar a la de Belocopitt.
“Es un restricción a la libertad de opción de cambio que tienen los trabajadores entre obras sociales y por consiguiente con las empresas de medicina prepaga. Forma parte de una consecuencia no deseada por la falta de incremento de cuotas, ya que en 2020 los salarios aumentaron 32% por RIPTE y las cuotas 10%, lo que implica que, en términos de salario (renta), la cuota es más económica”, precisó.
Magonza, que es profesor de la asignatura Organización de empresas de medicina privada en la UCES, identifica al congelamiento de las cuotas como el punto de partida del problema. “Por un lado, el aporte al sistema privado es menor -por la falta de aumentos- y, por el otro, al afiliado a una obra social se le hace más accesible a pasar a una prepaga con muy poco aporte adicional o nulo a una, lo que facilita la migración de un sistema a otro”.
Vale recordar que, en 2020, los aumentos autorizados fueron del 10 por ciento (4,5% en abril y 5,5% en mayo) y, desde la UAS estimaron que, sólo para paliar el desfasaje generado el año pasado las cuotas deberían subir más del 50%. Ni hablar de los aumentos que se necesitarían este año con una inflación que ya acumula 21,5%.
Otras fuentes del sector, que pidieron no ser nombradas, señalaron que “el impacto es innegable, ya que se va a resentir el ingreso de nuevos socios”.
Sin embargo, consideraron que “el sector está mucho más preocupado por la sostenibilidad económica”, porque “tener más afiliados con grandes brechas entre ingresos y costos, tampoco es recomendable”.
“Creemos que la principal perjudicada es la gente, a la que no se le permite ejercer la libre elección de cobertura de salud para su familia. Con el agravante que en cada cambio de empleador debe volver a la obra social de origen. Esto generará grandes problemas a la hora de el acceso y la continuidad de los tratamientos”, concluyeron.
Por Mariana Prado
FUENTE: TN