No se trata de “salvar” empresas privadas que afrontan los riesgos propios del mercado, se trata de empresas que constituyen un verdadero servicio público cuyo colapso hará crujir todo el sistema de salud.
La pandemia ha puesto al sistema de salud en el centro de la atención política y ciudadana como nunca antes. Es necesario advertir que el sector tiene graves problemas desde mucho antes. Con un gasto total del 9.4% del PBI (2017), en el nivel de países desarrollados, no hay conformidad en su funcionamiento y no podemos buscar la solución en un aumento del gasto sino en una justa y eficiente utilización y distribución de los recursos.
El sector financiador, con 290 obras sociales sindicales, el PAMI, las 24 obras sociales provinciales y las universitarias y fuerzas armadas y las prepagas, conforman un conjunto tan diverso en su distribución territorial, ingresos, composición etaria y modos de conducción que, por distintas causas, no favorecen el uso eficiente y conllevan gran carga de inequidad. Esta situación hace que la variable de ajuste sean los aranceles que pagan por sus servicios a las clínicas y hospitales privados de la república argentina que son, finalmente, quienes realizan el gasto atendiendo a los pacientes de la seguridad social.
El sector privado de atención médica presta servicios al 68% de la población, posee aproximadamente el 50% de las camas y lidera la inversión en tecnología. Sin embargo, no es formador de precios; es el sector financiador quien impone los aranceles a pagar, por su poder de compra, y nunca acompañan el aumento de los costos. La estructura de costos de las clínicas con internación se compone de, aproximadamente, un 60% en recursos humanos profesionales y no profesionales, 30% en insumos médicos y no médicos, 5% en servicio y otro 5% en inversión en tecnología e infraestructura. Tanto las inversiones como los insumos médicos están en gran parte dolarizados y, por lo tanto, altamente sensibles a la evolución de esa moneda.
El retraso de los aranceles con respecto a la evolución de los costos es sistemático. Un informe reciente del IERAL muestra que para la provincia de Córdoba, pero estimamos asimilable a todo el país, los aranceles han aumentado en promedio en el período 2018 – 2020 un 51% de lo que aumentaron los costos. Durante el 2020 hubo aumentos mínimos y parciales. Se considera en este análisis la situación sin COVID y sin la ayuda de los ATP, es decir, lo que será realidad cuando se haya superado la pandemia y la ayuda estatal. Durante la pandemia los ATP compensaron parcialmente el aumento de los costos por la atención de pacientes con COVID.
No es una foto, es una película que va mostrando cómo se deteriora el ingreso con respecto a los costos y cómo se puede ir previendo un final no feliz de la misma. Las clínicas y hospitales privados están al borde del colapso o se encaminan a él. Hay emergencia sanitaria declarada hace 18 años, período durante el cual ha crecido el endeudamiento del sector privado, la pérdida de capital de trabajo y el incumplimiento de obligaciones impositivas que, finalmente llevarán a un final no deseado. Poco se ha hecho para evitarlo.
Si la capacidad de respuesta de las clínicas y hospitales privados se reduce, los afiliados a la seguridad social requerirán atención en los hospitales y centros de salud estatales quienes también colapsarán.
No se trata de “salvar” empresas privadas que afrontan los riesgos propios del mercado, se trata de empresas que constituyen un verdadero servicio público cuyo colapso hará crujir todo el sistema de salud. Tampoco es algo que se podrá resolver una vez que ocurra, porque si caen no se podrán levantar nuevamente.
Por eso, urge una reforma, pero no a las apuradas ni unilateral sino fruto del acuerdo político, porque necesitará años para consolidarse. No entender las consecuencias de lo que se avecina es no pensar en el futuro.
*El autor es miembro de la Unión Argentina de Salud (UAS) y Presidente de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (CONFECLISA).
FUENTE: LOS ANDES