La Unión Argentina de Salud pidió acceder a los programas de beneficios para empresas afectadas económicamente por la pandemia. Se deberán inscribir en la AFIP.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunió junto a un grupo de ministros con la Unión Argentina de Salud, que nuclea a quince cámaras de clínicas privadas. Durante el encuentro se acordó que estas empresas, dedicadas a la salud, puedan inscribirse en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) de la AFIP. Esto les permitirá recibir los beneficios previsto para que puedan amortiguar el impacto económico que genera el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado para contener la pandemia del Coronavirus. Si bien en un principio, las empresas de salud estaban excluidas de este beneficio por ser consideradas servicio escencial, lo cierto es que a algunas de ellas la crisis económica también las afectó y por eso reclaman el acceso a este beneficio. Este martes habrá una reunión del comité del ATP para evaluar cómo avanzan con su incorporación.
Cafiero encabezó el encuentro en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno donde también participaron los ministros de Salud Ginés González García; de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco y el viceministro de economía, Aroldo Montagú.
Fuentes de la AFIP, el organismo que conduce Marcó del Pont y que impulsa el ATP, indicaron a Página/12 que uno de los puntos centrales del encuentro fue que los representantes de la Unión Argentina de Salud reclamaron poder ingresar al programa ya que, como sus servicios forman parte de las «actividades escenciales» y no pararon sus actividades. Luego del planteo que hizo el sector, donde destacaron los problemas económicos que viven algunos de sus afiiados, el Gobierno decidió permitirles la posibilidad de inscribirse en este programa.
Según informaron desde AFIP, hay más de 306 mil empleadores anotados en el ATP. Sin importar la actividad que desarrollan, ni la cantidad de trabajadores que se desempeñan en su firma todos los empleadores deben anotarse en el programa y tendrán tiempo hasta el próximo miércoles 15 de abril, inclusive. Aquellos que acceden al programa gozarán, entre otros beneficios, la postergación de pago o reducción de hasta el 95 por ciento de las contribuciones patronales al sistema previsional, y la ampliación del plazo para pago de las contribuciones patronales, según el número de empleados que tenga cada empresa. Ahora las empresas de salud podrán conseguir estos beneficios.
Los funcionarios del Gobierno accedieron al pedido de la Unión Argentina de Salud porque entienden que «en el sector de salud hay algunos a los que les está yendo mal y a otros bien; por ello el comité que se creó tiene que ver con esa heterogeneidad y en función de eso considerar las posibilidades que entren o no al programa», indicaron.
En el comunicado oficial que emitió la Jefatura de Gabinete, se explicó que «la AFIP se encargará de informar los beneficios a cada empresa a fin de mes», y que «la definición se conocerá previa al pago de los haberes de abril, ya que muchas empresas podrían acceder a los REPRO o la asignación complementaria al salario». Asimismo, en el mismo escrito anunciaron que «el organismo informará a quienes corresponda la prórroga o reducción de las contribuciones patronales de abril que los empleadores deben pagar a mediados de mayo».
Por último, los empresarios solicitaron a los funcionarios del gobierno una reunión de trabajo con el PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados que conduce Luana Volnovich. Desde el comunicado oficial que emitió Jefatura de Gabinete indicaron que ese encuentro se coordinará en los próximos días.
En representación del sector de la salud asistieron Mario Iván Lugones (CEPSAL); Guillermo Fabián Lorenzo (ADECRA), José Eduardo Sánchez (FEM), Néstor Porras (FECLIBA) y Enrique Osvaldo Cimino (Confeclisa). Y también participaron de la reunión el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini y el gerente de Delegaciones de la Superintendencia, Víctor Urbani.
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