No son casos aislados. Ya hay circulación comunitaria, se podría decir, en varios sectores de la economía. Hay un modus operandi. Un patrón. Quizás, a pesar de las críticas por insustancialidad hacia el Gobierno, hasta haya un plan. Las herramientas son diversas: congelar precios o transformarlos en tarifas, o quizá simplemente obstaculizar la operación a quienes no presentan un socio local. El ahogo regulatorio deriva en crisis, como la que vive la salud privada. Fogoneada por decisiones oficiales, esa debacle de rentabilidad tiene un correlato político: más presencia del Estado o de sus amigos.
En plena pandemia, con más de 85.000 muertes, Cristina Kirchner volvió a pedir una reforma del sistema de salud. El proyecto que propone La Cámpora, según leen en el sector privado, llevaría a una “PAMIzación”, como lo que ocurrió en Santa Cruz, donde todo quedó bajo la órbita estatal.
“Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud. Las prepagas no saben dónde colocar a la gente”, dijo la vicepresidenta, pese a que muchos de los políticos “caen” en el sistema privado que prepagas y obras sociales sostienen. “Los financiadores (prepagas) tienen caja”, alertan entre prestadores, que ponen el ojo en el flujo más que en el stock.
Las prepagas dicen estar quebradas. ¿La causa? La imposibilidad de cubrir con los aumentos autorizados por el Gobierno sus costos en medio de la crisis del coronavirus y una inflación creciente. Es entonces, sin poder solventar sueldos de médicos, camilleros y enfermeros, cuando el cristinismo plantea inmiscuirse en el sistema. La Casa Rosada lo resistió: vale recordar el sainete del 31 de diciembre: en menos de 24 horas, una suba autorizada en el Boletín Oficial por el entonces ministro de Salud, Ginés González García, de 7% a las prepagas fue suspendida también en el Boletín Oficial por –supuestamente– Alberto Fernández.
Eso se replica en otros sectores de la economía tan veloz como la variante Delta. El caso más conocido es el energético. Las tarifas congeladas del gas y la electricidad movilizan cambios de manos empresariales hacia aquellos “expertos en mercados regulados” cuya rentabilidad depende de la mano negociadora de subsidios. Edenor es el caso testigo con el desembarco de Vila, Manzano y Filiberti.
Algo similar ocurre en el mundo de las telecomunicaciones. Fernández convirtió el precio (libre) en tarifa (regulada). Hace unas semanas, un aumento que el Enacom (cercano a Massa) había autorizado con un comunicado fue borrado de golpe. Allí también los prestadores denuncian congelamientos. Algunos sugieren que el Grupo Olmos, cercano al Gobierno, ronda las propiedades de Telefónica.
Las listas están de moda: a la hora de intervenir, en el Gobierno enumeran la industria alimentaria (Precios Máximos), agroindustria (Vicentin), el ingreso en el capital de Impsa, la hidrovía, o incluso los proyectos existentes dentro del oficialismo para el litio. Cambios de reglas de juego o ahogo, todo para el ingreso de otros jugadores o la mayor intervención del Estado. Esta moneda corriente alerta a las entidades gremiales empresarias.
El avance oficial ocurre en momentos en que los derechos garantizados desde el Estado –salud, educación y seguridad– y gestionados por lo público no son aspiracionales. “La política se desatendió”, explica un prestador de salud que afirma que 7 de cada 10 argentinos se atienden en la salud privada. Hoy hay 18 millones de afiliados a obras sociales y 6 millones en prepagas que prefieren ese sistema. Una prestadora que tardó 32 años en llegar a un millón de afiliados duplicó ese número en los últimos diez años. Pese a que sus impuestos financian lo público, el argentino acepta pagar doble por lo que considera de mejor calidad.
Según el Ministerio de Educación, por primera vez en 18 años la cantidad de estudiantes matriculados en las escuelas públicas creció en 2019, al tiempo que disminuyó en colegios privados. La película de largo plazo es igual de interesante que la foto del derrumbe económico. El mundo de la seguridad privada ofrece una misma versión con la enorme expansión de ese mercado en los últimos años.
Nadie estaría dispuesto a dejar parte de su sueldo en salud, educación y seguridad privadas si lo público ofreciera calidad. La idea de Cristina es igualar, pero para abajo. O es el proyecto de precarización homogénea o hay interés en la caja.
Volviendo a las telecomunicaciones, es un sector con poderosos actores que encontró la forma de saltear –por ahora– el avance del Estado en el actual kirchnerismo. Allí ya no hay reglas; como en el pasado, hay medidas cautelares en un sálvese quien pueda.
Los empresarios no son ingenuos a la hora de invertir. Por eso, su reclamo tiene dos caras. Primero, reglas claras. Si no, una Justicia independiente.
FUENTE: LA NACIÓN