La probabilidad de una segunda ola de Covid-19 este otoño/invierno y el riesgo de futuras pandemias en los próximos años presentan un desafío para nuestro agotado y desfinanciado sistema sanitario.
Desde un sector plantean patear el tablero e imponer reformas radicales en las que quede el Estado como único financiador y prestador. Desde otro, consensuar una reconstrucción solidaria y articulada que restaure el equilibrio del sistema apoyándose en todos sus actores.
Todos coincidimos en que una reforma es necesaria. La diferencia está en el propósito de la reforma y los matices.
En general los argentinos desconocen algunas realidades de nuestro sistema de salud y en los últimos años se generó una visión errónea.
Las obras sociales aparecen en el imaginario como una caja millonaria de los gremios. Pocos saben que la mayoría de ellas están en dificultades para soportar un gasto creciente y divorciado de sus ingresos. De las casi 300 obras sociales que hay en el país, sólo 24 están mínimamente en condiciones de cubrir las prestaciones que exige el Plan Médico Obligatorio.
Para muchas personas, todas las empresas de medicina prepaga son corporaciones multimillonarias que prestan servicio a la clase alta.
La realidad es que éstas son fondos afectados a la atención de las personas, y que una gran mayoría de ellas son PYMES y mutuales en las cuales muchos trabajadores hacen un enorme esfuerzo para pagar la cuota y poder asegurar la cobertura de su familia ante un evento de salud.
Hoy las exigencias incumplibles de las leyes por enfermedad y los tratamientos de alto costo en dólares, más una enorme carga tributaria tienen en jaque a la mayoría de las entidades del sistema. La situación de los primeros meses de pandemia, en la que las prestaciones disminuyeron por el ASPO, rápidamente se compensó con el aumento de costos de los insumos, la contratación de hoteles de aislamiento y largas internaciones de pacientes COVID graves, más la continuidad de los tratamientos de alto costo (discapacidad, enfermedades raras, oncología, etc.) que nunca se suspendieron, y la demanda de prestaciones médicas y odontológicas postergadas que hoy se están atendiendo.
Es una cuestión matemática; los costos para las obras sociales, prepagas y mutuales vienen superando largamente la recaudación.
Se estima que para cubrir las prestaciones que se incorporan al PMO se debería aumentar entre un 30 y un 40% lo que hoy se recauda, por vía de subir los aportes y retenciones o con aportes del tesoro, como hacen en Uruguay.
Lo que se está dando en nuestro sistema de salud es una puja de derechos. Las obras sociales y prepagas con sus recaudaciones sólo pueden atender a un grupo de pacientes, priorizados sobre el resto por las sentencias judiciales y los amparos. El resto, recibe de acuerdo a lo que queda disponible. Los fondos de las empresas no son elásticos y además las cuotas están reguladas por el Estado sin respetar el índice inflacionario ni el incremento de costos de medicamentos e insumos.
De continuar incluyendo, irresponsablemente, nuevas coberturas al PMO sin una evaluación de capacidad de financiamiento, sin determinar de dónde saldrá el dinero para pagarlas, en 2030 menos del 4% de la población (con tratamientos de alto costo y discapacidad) va a gastar el 100% del presupuesto de la Seguridad Social. El 96% de los usuarios tiene hoy un futuro incierto en cuanto a su cobertura de salud.
Nadie puede negar el reconocimiento de las necesidades y derechos que tiene nuestra población y la provisión de las prestaciones que atiendan esos requerimientos sanitarios. Todo es posible si se evalúa, se planifica y se procuran los recursos. Esto ya sería empezar a reformar el sistema de salud para mejor.
Una reforma racional y necesaria, entonces, debería, por ejemplo, contemplar la creación de un organismo estatal, financiado por fondos privados, que dé cobertura en todo el país a los pacientes que requieren tratamientos de alto costo y discapacidad, con protocolos de atención unificados.
Los fondos se actualizarían proporcionalmente al porcentaje de actualización de cuotas.
Con ese dinero, el organismo manejaría también la compra de los medicamentos, con el poder de negociación que confiere la posibilidad de hacer licitaciones y compras conjuntas.
Por otra parte, debería haber una norma que obligue a que toda prestación o nueva cobertura tiene que estar acompañada de su correspondiente vía de financiamiento, que podría ser del ajuste de los porcentajes de aportes a las obras sociales, las cuotas, o eventualmente subsidios del Estado para cubrirlas, pero debe haber un cálculo permanente del costo del PMO y cómo este costo se ve afectado por la incorporación de nuevas coberturas.
Esta reforma en el sistema contribuiría a revertir el proceso de concentración que hoy se está dando por el desfinanciamiento progresivo de las empresas, y las pymes y mutuales podrían continuar brindando cobertura en las diversas provincias sin riesgo de colapsar por un caso de discapacidad o un paciente que requiere un tratamiento de alto costo.
Esto permitiría enfocar las prestaciones y la planificación de riesgos en los futuros desafíos sanitarios.
Por Ricardo Lilloy: Presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina -CEMPRA- Miembro de la UAS
FUENTE: EL CRONISTA