Los representantes del sistema de salud privado, en el cual se atiende el 70% de la población argentina, se unieron en una confederación de cámaras empresarias para hacer oír más fuerte sus reclamos: según dicen, «el sector así como está no es sustentable ni sostenible».
La nueva Unión Argentina de Salud (UAS) agrupa a ocho cámaras, entre las que se encuentran las empresas de medicina prepaga, clínicas, sanatorios, cooperativas, mutuales y hasta empresas sin fines de lucro. «Tenemos un problema macro: el sistema de salud de la Argentina tiene un deterioro enorme, que viene de los últimos 40 años. Nos unimos para plantearlo desde una posición de más fuerza y con más organización», dijo Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical y de la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp), tras presentar la confederación junto a Gabriel Barbagallo, de OSDE y de la Asociación Civil de Actividades Médicas (Acami), y Guillermo Lorenzo, del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) y de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra).
El principal problema que advierten es el gasto creciente que tiene la medicina, producto de una población que cada vez es más longeva y del avance tecnológico, que permite que haya mayores tratamientos, pero más costosos por su complejidad. Por lo tanto, la nueva confederación le pedirá al Estado que participe de la financiación.
«No planteamos que la gente que necesita un tratamiento no lo tenga, sino cómo se financia. Hay medicamentos con precios exorbitantes. Necesitamos que el Gobierno ayude a que se receten correctamente, que ayude en la financiación o se coloque como un comprador único. Hoy no se acepta ningún límite a la cobertura, es todo libre. Esto no pasa en el mundo. Los países más desarrollados no permiten esto porque el recurso es limitado, no es infinito para la salud», agregó Belocopitt.
Las clínicas, sanatorios y prestadores independientes, además, están en alerta por la suba de los costos, que acumularán 15% en el primer semestre, según un informe que difundieron. Advierten que hay retraso en las inversiones en tecnología y que la situación impactará directamente en el nivel de cobertura a los pacientes.
A medida que estas prestaciones privadas van debilitándose, los hospitales públicos reciben más gente. «Los dos pilares son fundamentales; si uno colapsa impacta en el otro; los públicos no cierran pero se deterioran», describió Jorge Cherro, presidente de Adecra.
Hace 17 años que hay emergencia sanitaria en la Argentina; fue declarada a fines de 2001 y desde entonces se viene prorrogando. Por ejemplo, dispone la exención transitoria de impuestos a la importación de productos críticos destinados a la salud y también la ejecución de deudas fiscales y tributarias.
«Tenemos que lograr que el Estado entienda que no se ocupa del 70% de los argentinos, se lo dejó a las empresas de medicina prepaga y obras sociales. El Estado no solo no participa del sistema de salud, sino que le saca con los impuestos», dice Belocopitt.
Los insumos y la aparatología están dolarizados y, según datos del sector, siguen la tendencia del dólar oficial; en cambio, los medicamentos se mueven en línea con la inflación y las placas y el material de contraste quedan en medio de los dos factores. «El aumento es notable y los prestadores somos verdaderos financiadores del sistema; en los días de volatilidad cambiaria debemos pagar ?a culata de camión’ o con remito abierto, sin precio», define Cherro, y subraya que los aranceles de la seguridad social, prepagas y Pami «no acompañan».
«Los prestadores pagamos de contado o a cortísimo plazo y para nosotros hay una mora de entre 30 y 90 días desde la fecha de facturación», agrega Cherro. El resultado de la ecuación es que hay cierres de clínicas (en Córdoba, por ejemplo, dejaron de funcionar unas 30; el sector es la mitad que en 2004) y un alza en los procesos de quiebra y/o convocatoria de acreedores. De las 300 asociadas a Adecra, 15% transitan esas vías. En el Gran Buenos Aires, en abril hubo movilización de Atsa porque la mayoría de las clínicas y sanatorios argumentaron no poder pagar la suba salarial acordada.
FUENTE: LA NACIÓN