En el año 1798, el clérigo anglicano Thomas Malthus publicó un trabajo denominado Ensayo sobre el principio de la población, donde exponía con rigor matemático el trágico destino de la humanidad determinado por el crecimiento geométrico de la población versus el aritmético, propio de los recursos alimenticios de la naturaleza.
En su cálculo, en fecha cercana a 1880, las dos líneas evolutivas, población y alimentos, sufrirían un entrecruzamiento fatal y presagiaba el fin de la humanidad, la catástrofe malthusiana; salvo que sobre la población ocurriesen algunas fuerzas represivas como guerras, hambruna o pandemias que redujese su crecimiento.
Si bien su vaticinio no se cumplió, ya que la ciencia se encargó de producir y renovar las fuentes de alimentos, el modelo matemático quedó instalado para establecer escenarios de riesgo de máximo impacto en diversas áreas del conocimiento; el más conocido es el que enfrenta a las energías no renovables con la creciente demanda de consumo.
Yendo al problema de la salud, encontraremos un peligro similar al descrito por Malthus. En los últimos años, el costo de la salud fue aumentando de manera geométrica, principalmente causado por la innovación tecnológica, por el aumento del promedio de edad y por la cronificación de enfermedades mortales (una muy buena noticia por cierto).
Pero el financiamiento de la salud o, mejor dicho sus fuentes, no crecieron en el mismo ritmo lo que, siguiendo el enfoque malthusiano, instala un riesgo de catástrofe. Pero, a contrario sensu de la teoría original, una pandemia como la actual no sólo no la evitaría, sino podría acelerarla.
En nuestro país veníamos observando desde hace muchos años el crecimiento del costo de la salud, agravado por economías inflacionarias y depreciación monetaria pero fuimos postergando la solución, generalmente aumentando las cuotas de la medicina prepaga, disminuyendo la participación del honorario profesional en función de cubrir los gastos crecientes en diagnóstico y tratamiento o aceptando cobro de copagos no acordados, pero esta vez, al progresivo aumento de los costos se le suma la inevitable caída del ingreso, ya sea en la pospandemia o dentro de ella.
Si la situación actual se prolongara, se verían afectadas la recaudación fiscal y la actividad privada. En ese caso, tanto la salud pública, las obras sociales y la medicina privada perderán sustento y solo se mantendrá la cobertura de la salud a expensas de subsidios estatales.
Por eso creo que llegó el momento de discutir seriamente sobre el futuro del modelo sanitario, ya que el riesgo de derrumbe es grande y la onda expansiva que genere puede hacer peligrar la provisión de servicios de salud.
Tal vez sea el momento de abordar el tema de manera integral y buscar soluciones estructurales a esta crítica situación, aclarando que no es propia de un subsector en particular, ya que alcanza tanto al público, al privado y a la seguridad social.
Tampoco es un problema de un gobierno sino una cuestión de estado y, como tal, requiere de la participación del conjunto de los actores, por encima de discusiones ideológicas o partidarias sin perder de vista que en los extremos de esta gran constelación existe gente: pacientes que sufren enfermedades, beneficiarios que pagan cuotas o aportan de su sueldo, trabajadores sanitarios y de las actividades relacionadas, profesionales de la salud y contribuyentes, entre otros.
Se torna perentorio discutir si una actividad privada que atiende las dos terceras partes de la población con carácter subsidiario y complementario respecto del estado, debe tener semejante carga fiscal de impuestos municipales, provinciales y nacionales, si no existe la posibilidad de disponer del crédito que otorga el IVA o si deben volver a tributar por cada transacción financiera, habida cuenta de la absoluta bancarización del sistema.
También habría que definir cómo enfrentar la constante incorporación de tecnologías y los nuevos tratamientos. La tan demorada agencia de evaluación de tecnologías sanitarias pondría razonabilidad en la oferta y la creación de una fuente de financiamiento autárquico, solidario y universal ordenaría el acceso de toda la ciudadanía a la innovación, independientemente de su filiación, y evitaría que las personas con problemas de salud importantes que requieren tratamientos costosos, deban recurrir a amparos o esperar la sanción de leyes de protección a grupos vulnerables, que suelen resolver un problema generando otros.
La situación es tan compleja y delicada que requiere soluciones de fondo. El aumento del ingreso que llegue por el ajuste de las cuotas de la medicina prepaga (vale aclarar que no hubo aumentos en todo 2020 y que impactan sólo en el 15 por ciento de la población) puede paliar parcialmente los efectos inflacionarios, pero no solucionar los problemas estructurales de la salud.
Por último, considerando que la situación no resiste un parche más, se requerirán grandes dosis de creatividad, audacia, flexibilidad y generosidad para evitar la catástrofe. Y, aun así, tampoco estará garantizado el éxito.
Gabriel Barbagallo es Secretario de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS)
FUENTE: CLARÍN