Los prestadores privados y las obras sociales dicen haber acumulado déficit este año; hubo fondos estatales y habrá subas de cuotas desde diciembre
CÓRDOBA.- Con el fuerte impacto de la pandemia y la cuarentena en el mercado laboral y en el sistema de salud, las obras sociales y las prepagas empezaron a analizar el escenario que viene. En lo que se refiere al mundo del trabajo, se sabe que, según los datos oficiales del Indec, la desocupación llegó en el segundo trimestre del año al 13,1% de la población económicamente activa; es la tasa más alta desde 2005 y, en rigor, no subió más porque se redujo al 38,4% la tasa de actividad laboral (es decir, porque mucho menos gente salió a buscar trabajo).
En el caso de las obras sociales, si bien los sindicatos barajaron, en conversaciones con funcionarios del Gobierno, una suba de un punto en los aportes salariales de los trabajadores y de otro en las contribuciones patronales, finalmente decidieron pensar en un salvataje a través del presupuesto para el año 2021. A las prepagas, en tanto, el Gobierno las autorizó días atrás a incrementar las cuotas de sus planes de salud un 10% en diciembre.
Antes de esa habilitación, desde la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), la entidad que nuclea a prepagas y clínicas, habían estimado que el «descalce» entre la suba de costos y de ingresos era de entre 50% y 54%, con lo cual, pese al incremento y siempre según esos cálculos, los números no cerrarían. Las empresas admiten que están complicadas, aun cuando desde el sector aclaran que todavía las bajas de afiliados no son significativas (en las prepagas, la caída fue de entre 3% y 5% en los últimos cinco años).
Los directivos entienden que la obligación de pagar doble indemnización por despidos y la prohibición por decreto de las cesantías laborales, son medidas que están difiriendo un ajuste de la estructura laboral. Y estiman que en 2021, si la actividad continúa baja, la contención será más difícil. Siempre en las crisis macroeconómicas que conllevan pérdidas de ingresos laborales y de empleos, los sistemas de salud que cuentan con financiamiento contributivo (dependiente de los salarios) enfrenten problemas de solvencia.
«Es claro que esos problemas de solvencia coinciden con el agravamiento de la situación fiscal y con la caída de ingresos de los hogares», enfatiza Oscar Cetrángolo, economista y autor junto a Ariela Goldschmit, de un trabajo sobre el tema.
En diálogo con la nacion, agrega que la novedad actual es que la pandemia abrió un debate más general y ubicó en la agenda política temas de salud que no tenían presencia significativa. Las instituciones de la seguridad social son responsables del 41,5% del gasto corriente que se realiza en el país, equivalente a 3,9% del producto bruto interno, de lo que deriva que el total de gasto corriente en salud alcanza 9,4% del PBI.
De ese número global, las obras sociales nacionales registran un gasto equivalente al 2% del producto; el resto está a cargo de las obras sociales provinciales, de las no reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que cubren al Poder Judicial, Fuerzas Armadas y de Seguridad, docentes y personal del Congreso, entre otros, y del PAMI, que atiende a los jubilados.
En términos de volumen de cobertura, involucran al 35% de la población. A los trabajadores formales se les descuenta el 3% de su salario bruto y la empresa contribuye con un 6%. Los autónomos no tienen obligación de aportar y los monotributistas pagan una suma fija ($1041,22 para todas las categorías, por afiliado), igual que el personal registrado en el régimen de servicio doméstico. Este año, para compensar la caída de aportes, la Superintendencia giró $44.900 millones al sector.
Cetrángolo insiste en que el sistema argentino es «muy ineficiente», porque se puede aportar a una obra social, pero también «llevarse» esa contribución y derivarla a una prepaga, con lo que el «sistema se va descremando». En una coyuntura como la actual, ratifica, hay que analizar la evolución del salario en dólares, porque el sector salud tiene buena parte de sus costos atados a la divisa. «Cae el salario real, cae la cantidad de gente que aporta y menos costos se cubren. Se enfrenta una situación de extrema gravedad», sintetiza.
La situación del empleo
Javier Lindenboim, economista de la Universidad de Buenos Aires y especializado en temas de empleo, afirma que hasta ahora la caída del empleo registrado -la que se relaciona con los aportes al sistema- es «mínima»; la caída más fuerte se dio entre los asalariados precarios y entre cuentapropistas y patrones, dos rubros «casi no tienen incidencia» en el sector salud.
«La perspectiva de recuperación económica está todavía solo en la voluntad, más que en la realidad. No hay medidas que apunten a frenar la caída de la actividad y a reiniciar las que estuvieron paradas durante estos meses, por lo que tras el impacto negativo que ya hubo, va a ser difícil una pronta recuperación, y más difícil aún será que se retome una dinámica de mejoramiento. Todos somos más pobres que meses atrás; el panorama es extremadamente inquietante desde lo económico y desde lo laboral», apunta. Y destaca que un número significativo de trabajadores en blanco despedidos sería el «origen de un cataclismo social».
El vicepresidente de la UAS, Jorge Piva, que es también director general de Medifé, afirma que por el momento no registran una caída «importante» de afiliados, pero sostiene que «hacia adelante ese es un problema grave», que se sumará al del desfinanciamiento que la pandemia generó y que se va manejando con la ayuda de los ATP destinados a las clínicas (subsidios estatales para el pago de salarios). Las ayudas fueron transitorias y no hay partidas en el presupuesto 2021 para que continúen. De hecho, ya se restringió fuerte el aporte del Estado, a través de los requisitos que se fueron estableciendo y ajustando para poder acceder a las ayudas.
El mes próximo, cuando puedan aplicar el aumento de las cuotas, las compañías habrán completado once meses sin actualización de sus precios. Piva aclara que en abril y en mayo se registró un «diferencial financiero» por la caída de la demanda (se frenaron las consultas por la pandemia), pero dice que esos recursos debieron usarse después. «Los costos empezaron a escalar y ya son los normales; incluso, hay un extra que quedará por lo relacionado a las prevenciones que se deberán mantener pospandemia».
Cetrángolo añade que es crucial una rediscusión de todo el sistema: «Las reformas son difíciles, pero hay que encararlas. Además, hay que priorizar; el Programa Médico Obligatorio (PMO) se ?inunda’ de prestaciones y, en una sociedad con recursos escasos, hay que elegir», evalúa el economista.
Piva reitera que desde antes de la pandemia venían pidiendo que se asimilara a los servicios de salud con, por ejemplo, los de educación, que cuentan con más exenciones impositivas. Respecto del PMO, señala que la UAS viene presentando propuestas hace tiempo para poder afrontar un nuevo mercado de oferta tecnológica. No se trata, afirma, de retirar beneficios que el programa incluyó, sino de financiarlos de una mejor manera.
El directivo menciona el caso de Uruguay, donde existe un fondo de enfermedades catastróficas denominadas así por su impacto en la salud de la persona y en la economía y, además, hay una guía de prácticas que determina en qué momento y cómo asignar los recursos. «Debería hacerlo la Agencia Nacional de Tecnología, con participación pública y privada, pero eso es algo que siempre se está creando y que nunca se termina», ironiza.
FUENTE: LA NACIÓN